El conflicto no se resolverá tratando de neutralizar las subidas del salario mínimo; ni aumentando a precio de saldo la jornada laboral hasta la extenuación; ni tratando de burlar la obligación legal de reconocer a los trabajadores y trabajadoras su condición de fijos discontinuos.

Con algunos días de retraso sobre lo previsto, la próxima semana se constituirá la mesa negociadora del Convenio del Campo de Extremadura, donde trabajadores y empresarios deberemos abordar con seriedad los problemas laborales, por una parte, de un colectivo que padece las que probablemente sean las peores condiciones del mercado de trabajo nacional, con un predominio absoluto de la contratación precaria y una falta de respeto generalizada a la legalidad, que condena a un número difícil de precisar pero enorme en cualquier caso (por encima de las 60.000 personas en Extremadura) a una carrera profesional sin expectativas, -cuando no al exilio por causas económicas-; y, por otra, a un sector productivo con serios problemas de adaptación a la competencia internacional en el mercado globalizado.

Pese a la ya añeja predicción de una nueva distribución del mercado laboral, donde el medio rural será inminentemente colonizado por una masa de neorrurales gracias a la implantación progresiva del trabajo terciario deslocalizado, el hecho cierto es que el sector agrario y sus relacionados siguen siendo la base de la economía rural, y su comportamiento condiciona las dinámicas demográficas y cuestiona la viabilidad de una parte sustancial del territorio interior peninsular.

En este contexto, nos hemos acostumbrado a escuchar a la patronal agraria repetir incansablemente un mantra según el cual son ellos quienes “fijan población en el medio rural” cada vez que se manifiesta cualquiera de los inconvenientes con que se encuentran, desde los cambios en la Política Agraria Comunitaria, hasta la negociación de un convenio colectivo que debería, de una vez por todas, dignificar las condiciones del trabajo en el sector.

Sin embargo, basta con fijarse en los resultados para comprender que yerran: el medio rural va viéndose progresivamente abandonado y su población joven traslada su potencial a las ciudades como resultado de un proceso de toma de decisiones que, siendo complejo para analizarlo en estas pocas líneas, no resulta ajeno a la estrategia empresarial tradicional: salario mínimo y trabajo precario.

Por eso es hora de negociar el fin de un modelo de mercado de trabajo que ha tenido éxito tradicionalmente a costa de un desequilibrio brutal, que ha mantenido en la pobreza a la masa trabajadora anclada al territorio, y fracasa estrepitosamente cuando las condiciones de movilidad de la población han mejorado. Cuando puedes elegir entre salario mínimo y una sucesión eterna de contratos eventuales hasta que, a la vejez, la dureza del trabajo en el campo te condene al paro y a una pensión de miseria, es muy probable que te marches del pueblo. De hecho, se marchan.

Y esto no va a resolverse buscando la manera de neutralizar las subidas del salario mínimo; ni aumentando a precio de saldo la jornada laboral hasta la extenuación; ni burlando la obligación legal de reconocer a los trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos su condición de tales, condenándolos así al desempleo durante los años anteriores a la jubilación; ni sustituyéndolos por trabajadores y trabajadoras inmigrantes contratados y alojados de cualquier manera.

Se acerca la hora de negociar las condiciones de trabajo y remuneración en el sector agrario, y sería bueno que habláramos en serio, o no quedará medio rural, ni trabajo, ni empresa agraria que lo sustente, y nuestros pueblos acabarán siendo hoteles temáticos de fin de semana, recreando la fantasía de un modo de vida extinto.

Ricardo Salaya Monsell
Secretario General
UGT FICA Extremadura