El Gobierno ha movido ficha. Por fin. Tras meses de tibias alusiones a la necesidad de subir los salarios finalmente ha predicado con el ejemplo en el pacto con los sindicatos de la Función Pública; un acuerdo que permitirá ganar poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos por primera vez en nueve años.
En una pirueta de prestidigitación contraria a su propia trayectoria política, el Ejecutivo del PP ha optado por seguir la pauta que instituciones de toda condición hemos venido reclamando en aras de la sostenibilidad y el asentamiento del crecimiento económico. Y pauta que, hasta el momento, está siendo ignorada mayoritariamente en las mesas de negociación colectiva por las patronales.
Que la recuperación del poder adquisitivo de los salarios redunda en beneficio del crecimiento de nuestra economía es una realidad que no deja espacio a la duda, por mucho que la tozudez del empresariado español se empeñe en obviarla. Una mayor capacidad de compra favorece el consumo de los productos y los servicios que las empresas ponen a disposición del mercado, armonizando un proceso del que se benefician todos los agentes económicos y, por tanto, todo el país.
La economía española lleva cuatro años consecutivos de recuperación, alcanzando una tasa de crecimiento del 3,1 % en 2017. Sin embargo, mientras el IPC medio se incrementó un 2 % y los excedentes de las empresas crecieron un 5,2%, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras se redujo, entre 2008 y 2015, un 7,6%.Nuestra economía es ahora más competitiva gracias a la mejora de la productividad que, desde el inicio de la crisis, se ha venido incrementando en torno a un 12,5%. Sin embargo, esta mejora no ha beneficiado por igual a empresarios y trabajadores.
Los números no dejan espacio al misterio en las frías estadísticas oficiales: el peso de las rentas del trabajo en el PIB ha descendido en casi cuatro puntos desde que comenzó la crisis, a pesar de que los asalariados superan el 80% del empleo. Por lo tanto, la renta nacional se ha redistribuido en favor de las rentas del capital y en contra de las rentas del trabajo. Esta desigualdad es una de las muchas consecuencias de la reforma laboral del Partido Popular.
Los empresarios españoles han hecho uso y abuso del desequilibrio en la negociación colectiva que les ha puesto en bandeja el Gobierno del PP vía reforma laboral para rebajar salarios. Y de aquellos barros, estos lodos: precariedad, desigualdad, empobrecimiento, EREs, desempleo y un largo etcétera.
Los trabajadores y trabajadoras hemos soportado el mayor peso de la crisis económica y ahora es el momento de resarcirnos por el esfuerzo realizado. Es la hora de impulsar una política salarial justa que permita que el crecimiento económico se haga extensivo a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, mejore la calidad de vida, favorezca el consumo y fortalezca la recuperación económica. Y todo pasa por la derogación de la reforma laboral y la negociación entre los agentes sociales del modelo de relaciones laborales del que queremos dotarnos para afrontar los retos de este siglo XXI.
Los salarios han de permitir que una persona pueda vivir dignamente. Por ello, es indignante que hoy en día siga habiendo trabajadores cobran menos de 1.000 euros a jornada completa.
Hay sobradas razones para exigir incrementos salariales que supongan una ganancia real de poder adquisitivo para poder ir recuperando lo perdido en los años de la crisis. Pero esto solo será posible si el incremento inicial va ligado, siempre, a una Cláusula de Garantía Salarial que, como su propio nombre indica, garantice el aumento de los salarios ante posibles desviaciones al alza del IPC, preservando así el poder de compra.
Hay margen para subir los salarios y hay todo un clamor social que pide empleo de calidad bien remunerado. Por ello emplazamos a los empresarios a un ejercicio de responsabilidad en la negociación colectiva. Desde UGT FICA vamos a seguir batallando por la recuperación del poder adquisitivo en los sectores de nuestro ámbito y, en caso de sordera patronal, seguiremos desgañitándonos hasta hacernos entender para conseguirlo.
Pedro Luis Hojas
Secretario General UGT FICA