La incertidumbre política se ha colado en todos los ámbitos de nuestra sociedad paralizando la toma de iniciativas para asuntos que necesitan una respuesta urgente
Uno de los grandes problemas que afectan actualmente a nuestro país es la vivienda, está tomando incluso el cariz de drama y alarma social y corre el peligro de enquistarse por la inacción institucional.
Aunque el acceso a la vivienda está considerado un derecho fundamental en nuestra carta magna, la praxis política lo ha ido devaluando hasta representar poco más que una declaración de intenciones con un valor testimonial.
El problema de la vivienda en nuestro país está en boca de todos y es de tal envergadura que las cifras hablan por sí solas. Desde que comenzó la recuperación, mientras que los salarios han crecido solamente un 2,1%, el precio de una vivienda en propiedad se ha incrementado hasta un 26%, y el alquiler ha aumentado en determinadas zonas casi hasta un 50%. Da la impresión de que en los últimos tiempos, en nuestro país no solo no se ha trabajado para facilitar el acceso a una vivienda digna, sino que parece haberse hecho precisamente lo contrario. La cuestión ineludible es que ahora estamos inmersos en una brutal crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras.
Respecto a la compra, aunque el euríbor esté ahora en sus cotas más bajas, la concesión de hipotecas se ha endurecido con la reciente ley hipotecaria, dificultando aún más el acceso a una vivienda en propiedad a los trabajadores y trabajadoras, ya suficientemente determinados por la inestabilidad del mercado laboral, que arrastra bajos salarios y contratos precarios, especialmente para los más jóvenes. Por lo tanto, se ven empujados al alquiler como opción obligatoria, y la excesiva demanda y la falta de oferta han provocado una subida desorbitada de los precios de los alquileres sin precedentes en la historia de nuestro país.
La situación se agrava todavía más con el hecho de que la construcción de vivienda protegida en nuestro país ha caído en picado en los últimos años. La intervención del Estado en el mercado inmobiliario a través de la construcción de vivienda protegida ha venido ejerciendo un papel de regulación y estabilización de los precios del mercado libre. Sin embargo, a día de hoy, el Estado ha perdido ese rol y los precios se desbocan a su libre albedrío.
El acta de defunción de la vivienda protegida viene ratificada por los datos del Ministerio de Fomento, que constatan su caída fulminante: en 2018 se construyó un 92% menos que en 2008, mientras que la vivienda libre creció un 20% en ese mismo periodo. En este proceso ha sido determinante la supresión en 2011 por parte del Gobierno del PP de las ayudas que se otorgaban a promotores y compradores.
Es evidente que, por el momento, la clase política de nuestro país ha tirado la toalla en esta materia. El principal factor que frena la construcción de vivienda protegida es la falta de presupuesto de las Administraciones públicas, por lo tanto se trata de una cuestión política que los políticos han de resolver. Sin embargo, la situación de interinidad que vivimos actualmente no hace más que retrasar la necesaria y posible solución. Y la solución pasa necesariamente por que el Estado recupere la iniciativa en la construcción de vivienda protegida para retomar su papel moderador en el mercado. Es necesario que se acabe con la especulación existente alrededor de un derecho fundamental.
Desde nuestra organización, consideramos que es el momento de dotar de una perspectiva social a las políticas de vivienda, centrándolas en las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos medidas para incentivar la construcción de viviendas públicas accesibles tanto en propiedad como en alquiler, recogidas en un Plan Estatal de Vivienda efectivo, con suficiencia presupuestaria y gestionado con instrumentos públicos. Un parque de viviendas públicas protegidas, no vendibles ni intercambiables que mantenga su carácter social a lo largo de toda la vida útil de los inmuebles.
Un plan que contemple además políticas de rehabilitación de viviendas, una necesidad que se ha ido incrementando por el elevado deterioro, los requerimientos de eficiencia energética y la falta de coordinación de las iniciativas existentes en el ámbito europeo, nacional y autonómico. Nosotros venimos abogando por una estrategia integral que conecte las distintas políticas y contemple las necesidades de eficiencia energética, accesibilidad, habitabilidad, etc., y que integre la normativa dispersa con criterios homogéneos en todos los territorios.
Es cierto que con esta propuesta somos juez y parte, pues para nuestra organización su puesta en marcha sería doblemente satisfactorio. No solo frenaría esta loca espiral que nos conduce inexorablemente a una situación insostenible en materia de vivienda, sino que además reforzaría uno de los caballos de batalla de nuestra federación: la construcción en nuestro país. Un plan de estas características ayudaría a consolidar el sector, aportando carga de trabajo a las empresas y dando estabilidad al empleo, dotándolo de una dimensión adecuada, ya que actualmente está por debajo de lo normal respecto a los países de nuestro entorno y a las necesidades de nuestro país en equipamientos e infraestructuras, aparte de la vivienda. Una consolidación que necesariamente ha de basarse en buenas condiciones laborales, mejores salarios, más seguridad y más formación para orientar el sector hacia el futuro y hacerlo más atractivo para los jóvenes.
Es necesario que los políticos estén a la altura de las circunstancias ante un problema de esta envergadura y se dediquen al bien común en vez de enzarzarse en infructuosas luchas partidistas. No es de extrañar que los ciudadanos en el último CIS ya sitúen a la política como el segundo principal problema de nuestro país, solo por detrás del desempleo. La clase política tiene que dar una solución urgente a la vivienda independientemente del color del Gobierno que ocupe La Moncloa y lo tiene que hacer ya.
Pedro Luis Hojas
Secretario General de UGT FICA